By LAV Agencia Mexicana de Comunicacion 
Las y los diputados de la LVI Legislatura aprobaron este día un dictamen de iniciativa gubernamental que reforma la Constitución local y la Ley Orgánica de la Administración Pública para crear la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con el objetivo de simplificar la gestión administrativa del estado.
La medida implica la extinción del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), al derogarse el artículo 23-A de la Carta Magna. Aunque se asegura que el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales se conservan, ahora serán tutelados por “diversos entes gubernamentales”.
Posiciones en el debate
A favor
La diputada Jazmín Solano López (Morena) celebró la creación del nuevo organismo, que concentra funciones de vigilancia, control y protección de datos. Destacó que permitirá simplificar procesos, potenciar la prevención y sanción de la corrupción, y optimizar recursos.
El coordinador de Morena, Rafael Reyes Reyes, aseguró que la medida no significa retroceso en transparencia, sino que busca hacerla “obligatoria hoy y siempre”.
El presidente de la Mesa Directiva, Isaac Pimentel Mejía, calificó la decisión de “histórica”, alineada al marco federal y orientada a combatir la corrupción y el uso ineficiente de recursos.
Luz Dary Quevedo Maldonado (Movimiento Ciudadano) respaldó la homologación constitucional, pero advirtió que no implica respaldo político y pidió vigilancia a la imparcialidad de la nueva Secretaría.
En contra
Daniel Martínez Terrazas (PAN) consideró la reforma un “retroceso profundo” en derechos humanos y democracia, al trasladar funciones de un órgano autónomo al Ejecutivo y comprometer la imparcialidad. El PAN votó en contra, afirmó, por obligación con la ciudadanía.
Andrea Valentina Gordillo Vega (sin especificar partido) resaltó que “la transparencia incomoda a quien no quiere rendir cuentas” y criticó la desaparición de órganos que impedían la concentración de control de la información.
Próximos pasos
Las reformas constitucionales fueron remitidas a los ayuntamientos. Una vez aprobadas por las dos terceras partes de ellos, se declararán válidas y se remitirán al gobernador para su publicación.
Gaby Domínguez