By LAV Agencia Mexicana de Comunicacion 
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Gabinete de Seguridad, logró desmantelar una de las principales redes de contrabando de combustible en el país, encabezada por Mauricio Gamboa Reyes, alias “El Burras”, dedicada a la sustracción, venta y distribución ilegal de Gas LP en el centro del país.
Las investigaciones ministeriales identificaron un entramado criminal denominado “Los Petrofactureros”, conformado por más de 40 empresas fachada utilizadas para simular operaciones comerciales y triangular recursos ilícitos. Como resultado, se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra seis personas y se aseguraron inmuebles, vehículos de alta gama, joyería y dinero en efectivo, con una afectación estimada de 126 millones de pesos.
En acciones simultáneas, la SSPC, FGR, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia ejecutaron cateos en 20 inmuebles de Estado de México e Hidalgo, donde fueron detenidos siete integrantes de la organización, incluido su líder “El Burras”. Se aseguraron más de 150 mil litros de Gas LP, 61 pipas, 55 autotanques, 20 tanques de almacenamiento, tractocamiones, armamento, droga y dinero en efectivo, además de clausurar una toma clandestina.
El modo de operar consistía en extraer hidrocarburos de ductos de Pemex mediante tomas clandestinas, trasladarlos en pipas y tractocamiones hacia centros de acopio y distribuirlos a través de empresas fachada. La capacidad de extracción de la célula alcanzaba hasta un millón y medio de litros por semana, evidenciando la magnitud de la operación.
En otra operación realizada en Chihuahua, Ciudad de México y Estado de México, fueron detenidas siete personas vinculadas al trasvase y comercialización ilegal de gasolina y diésel, entre ellas Héctor Iván Pineda Torres, identificado como coordinador logístico.
Con estas acciones, el Gobierno de México debilitó de manera directa la infraestructura logística, operativa y financiera de estas organizaciones, afectando su capacidad para continuar con actividades ilícitas que impactan la economía nacional y la seguridad energética.
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